Cohecho Impropio

Una de las cosas que me han venido llamando la atención sobre el juicio por cohecho impropio que se está llevando a cabo en Valencia contra Francisco Camps y Ricardo Costa es el desprecio con el que se ha venido hablando de este tipo delictivo. Por las declaraciones que se han ido sucediendo de algunos políticos, periodistas y, en general, por una parte de la opinión pública, parece como si ese comportamiento no tuviera la más mínima importancia.

No voy a entrar en si Ricardo Costa o Francisco Camps son culpables o no de las acusaciones a las que tienen que hacer frente en el juzgado durante estos días. Para eso ya está el jurado. Pero independientemente de cual sea el resultado final, este tema me está dejando cierto regusto a decepción por la oportunidad perdida de haber abierto un debate sobre uno de los peores males que hemos venido padeciendo en la vida pública de este país desde tiempos inmemoriales.

Ese mal tiene un nombre: Caciquismo. Sí, es cierto que estamos hablando en este caso de un caciquismo "suave" pero lo cierto es que este cáncer de la vida pública se ha visto como algo normal cuando en realidad es una aberración que convierte derechos públicos en graciosas concesiones por parte del funcionario público o del señorito de turno. En realidad esto no es más que otra forma de corrupción, sin duda, al menos para mí, una de las peores.

Supongo que habrá quien piense que este es un hábito anacrónico que hoy en día tiene poca presencia en la vida de este país. Si es así, está equivocado. Se sigue produciendo y supongo que más de un lector habrá sido testigo de manera más o menos directa de "regalos" hechos a funcionarios públicos o a personas con influencia dentro de la administración en "consideración" a su cargo.  Regalos que son más bien actos de vasallaje para conseguir algún tipo de beneficio, sea éste legítimo o no.

Esta manera de clientelismo convierte al servidor público en señor y dueño de algo que no le pertenece, que son los recursos públicos que tiene que administrar. Además transforma al ciudadano en un vasallo que tiene que humillarse para, bien obtener aquello que en derecho le corresponde, bien conseguir tener una oportunidad de que se le conceda algún beneficio al que no tendría posibilidad de acceder por que, con la ley en la mano, no cumple con los requisitos para tenerlo.

Esta forma de caciquismo ha convertido a poderosos en más poderosos y a los débiles en más débiles. Ha sido una de las causas que han ensanchando las diferencias sociales en esta país desde antiguo de manera alarmante e injusta. Una lacra contra la que habría que luchar con todas las fuerzas exigiendo un comportamiento impecable a todos los servidores públicos, sean estos cargos electos o funcionarios de carrera. Por eso el cohecho impropio es un comportamiento tan grave independientemente del valor del obsequio del que se esté hablando.

Todos debemos ser conscientes de que cualquier acto de la administración viene de la ley, que es igual para todos, no de la voluntad y la amistad con la persona que tiene que la responsabilidad de autorizar dicha actuación. Eso es lo verdaderamente importante y lo que se tenía que haber puesto encima de la mesa y no un debate absurdo sobre si el señor Camps (inocente hasta que un tribunal diga lo contrario), era tan estúpido como para dejarse comprar de manera tan fácil.

Culpables, por supuesto

Estamos en pleno puente de la Constitución-Inmaculada y ya tenemos la eterna discusión sobre si el país se puede permitir, con la que está cayendo, estar a medio gas durante una semana. Con todo, esto no es lo peor que he tenido que escuchar o leer esta semana: Ayer aparecía esta noticia sobre la carta que envió el Banco Central Europeo al Gobierno de España este verano, y en la que el primero ponía, negro sobre blanco, algunas de las medidas que consideraba necesarias para continuar comprando deuda española y evitar que nos fuéramos al garete.

Una vez más estamos ante la misma historia. El problema de la economía española son sus trabajadores. Parece como si hubiéramos sido los inventores de las hipotecas sub-prime o que además hubiéramos provocado la caída de Lehman Brothers. Porque sí, es cierto, España tiene un déficit público importante, pero no es menos cierto que mientras la economía no se torció había superávit, así que no se puede decir que fuera el presupuesto público el que provocó el desastre.

Lo que si va a ser verdad, me temo, es que a pesar de todo lo que podamos decir, los culpables vamos a ser los de siempre, que cobramos mucho, que además nos cogemos vacaciones y que encima de todo aspiramos a tener una pensión cuando lleguemos, si es que llegamos, a los 67 años (suponiendo que no tengamos que retrasar aún más la edad, claro). Porque esa es otra, la culpa del déficit está en que el estado gasta mucho, pero desde luego no está en que quizás algunos, sobre todo los que no viven de una nómina, pagan muy pocos impuestos.

Pero bueno, ya se sabe, los causantes de todo esto no han sido los bancos y los mercados, tan des-regulados y eficientes ellos, que por lo que se ve no son solo omnipotentes, cuando de quitar y poner gobiernos en Europa se trata, sino que además son omniscientes y, por supuesto, tienen la receta mágica para salir de la actual situación económica. Curiosamente podían habérsela aplicado a ellos primero antes de liar la que han liado.

Trasvases: El problema que nunca se soluciona

Vivir a, más o menos, 400 metros del río Tajo da a uno un punto de vista diferente sobre noticias como ésta o como esta otra aunque se sea Murciano.

Hace mucho tiempo que parece que la política en Murcia sólo gira en torno a la "Traición de Zapatero", ese pecado original cometido cuando, de manera increíblemente torpe, derogó el trasvase desde el río Ebro. Una acción grabada a fuego en el alma de todos los regantes de la cuenca del Segura y que le convierte en el presidente del gobierno peor valorado en el sureste español.

Afirmo que fue increíblemente torpe porque, independientemente de si esa obra era o no en aquel momento viable, su cancelación fue una de las primeras medidas que tomó el nuevo gobierno y sin aprobar al mismo tiempo una alternativa que fuera percibida como seria por parte de los que esperaban los caudales de agua prometidos. Más aún, se vio más como consecuencia de la necesidad de establecer una mayoría de gobierno con los nacionalistas catalanes, (que se oponían frontalmente), y no como consecuencia de que el gobierno pensara que había alternativas mejores.

Acabar con el trasvase así implicó que en el sureste español se tuviera la sensación de ser moneda de cambio. El sentimiento de que se menospreció por parte de José Luis Rodríguez Zapatero a esa zona del levante español continúa en la memoria de muchos murcianos, alicantinos y almerienses.

Sin embargo la ceguera provocada por esta situación creo que ha llevado a que en Murcia se haya terminado por olvidar un hecho muy importante: Es cierto que esta infraestructura fue derogada por un gobierno, pero también lo es que esta acción recibió el apoyo de mucha gente de fuera de la ribera del Segura que se oponía a ella. No era sólo una cuestión entre políticos, había también un rechazo social importante en las tierras por las que fluye el Ebro.

Lo mismo sucede en Castilla-La Mancha o en Madrid. Viviendo donde vivo es fácil escuchar el malestar que existe con respecto al trasvase Tajo-Segura. Nuevamente, no es una cuestión de discursos pronunciados por políticos, es algo que se puede escuchar en cualquier conversación entre vecinos. La gente percibe este canal como un obstáculo a su desarrollo y, en general, como un perjuicio que no le aporta ningún tipo de beneficio.

Todavía recuerdo cuando se demandó al Partido Socialista de la Región de Murcia que en el "asunto del Ebro" rompiera la disciplina de partido para defender los intereses de su comunidad autónoma. Sin embargo, todavía hay murcianos que piensan que el Partido Popular no debe tener esa actitud y por tanto, independientemente de que ahora también gobierne en Aragón y en Castilla-La Mancha, tiene que actuar al margen de los votantes de esas dos regiones y llevar el agua del Tajo y del Ebro al Segura. Parecen no darse cuenta de que le están pidiendo al Partido Popular justo lo contrario de lo que en su momento exigieron al Partido Socialista.

Llegados a este punto lo que yo pregunto es ¿Realmente alguien se da cuenta en Murcia, en Almería y en Alicante de que, mientras las opiniones públicas de las cuencas del Tajo y del Segura estén en contra de los trasvases, dará igual que sus gobernantes sean de un partido o de otro?

No se puede pedir una cosa y la contraria. Si se exige a un partido que defienda lo que piden los ciudadanos a los que aspira a representar, no se puede demandar que haga justo lo contrario en otra zona del país. Ese supuesto alineamiento entre las demandas de los votantes del Segura y las necesidades electorales del Partido Popular a nivel nacional se ha roto, así de evidente. Pensar que serían eternas fue una ingenuidad.

Si realmente los trasvases son la mejor solución, lo que se debería pedir por parte de los ciudadanos de Murcia, Alicante y Almería es que se expliquen en qué benefician los trasvases a las cuencas que ceden el agua, qué riesgos ecológicos se tienen que asumir y por qué no hay una alternativa mejor.

Si realmente los trasvases no fueran la mejor solución también se debe explicar por qué y sobre todo, convencer de que hay mejores formas de solucionar los problemas que cíclicamente provocan las sequías.

Desde luego, lo que no se puede es continuar con la actual situación en la que, dependiendo del equilibrio político, las soluciones a los problemas del agua son unas u otras. Así sí que no se arregla nada y se consigue que las tensiones entre territorios sean cada vez mayores.